Las elecciones fraudulentas del 26 de noviembre de 2017, pretendían perpetuar en el gobierno a Juan Orlando Hernández. El movimiento popular se caracteriza por su rechazo total a dicha reelección por el repudio hacia la corrupción y al saqueo del Seguro Social, vinculados directamente al presidente y a su Partido Nacional por ser los responsables directos de dichos actos. Se suma al rechazo también el movimiento estudiantil en defensa de la Educación Pública. Ambos sectores denunciantes de las permanentes y reiteradas violaciones de derechos humanos en el país.

Este movimiento popular compuesto por los movimientos sociales, organizaciones territoriales, organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias y pueblos originarios articula acciones de protesta tales como tomas o bloqueos de carreteras, paralizaciones del transporte terrestre con connotaciones de alzamiento popular y de paro nacional. Se destaca en las movilizaciones populares el papel protagónico de las mujeres, de la juventud y los sectores de la clase media con una amplia mayoría de votantes a favor del opositor Salvador Nasrrala.

Por su parte, entre los defensores del fraude electoral, se encuentran, además del gobierno, los grandes empresarios nacionales, las empresas transnacionales, los medios de comunicación corporativos, las cúpulas religiosas (tanto evangélica como católica) y el departamento de estado de USA (quien tiene como aliado incondicional a Juan Orlando Hernández en el plano económico y geopolítico).

Otros actores del proceso electoral fueron las misiones de observación internacional acreditadas, donde se destacan las de OEA y UE. Si bien ambas elaboraron informes en torno al fraude electoral, con resultado no fiable y recomendando la repetición de la elección, la comunidad internacional ha jugado un papel complaciente tras conocerse el respaldo de los Estados Unidos de Norte América al proceso fraudulento, incluido el Reino de España.

Una vez culminadas las elecciones, el 27 de noviembre de madrugada, la ciudadanía convocó las llamadas “caravanas de la victoria”, para defender lo que parecía más que evidente: el triunfo de Salvador Nasrrala.

A partir de esa fecha y en los días y semanas posteriores, la movilización se fue acrecentando y transformándose en expresiones de luchas de resistencia, incluyendo movilizaciones, caravanas, cacerolazos, tomas barriales o zonales, tomas de carreteras estratégicas, pitazos contra el fraude, y llamados a un paro cívico nacional.

Mientras se demoraba el anuncio oficial de los resultados y se perpetraba el fraude, el gobierno en funciones no reparó en responder a esas manifestaciones populares con un feroz despliegue policial e incluso militar y las violaciones de derechos humanos abundaron (centenares de detenciones, decenas de heridos y hasta 33 víctimas mortales, además de 100 personas judicializadas o criminalizadas); Ilegítimas restricciones a la libertad de reunión y de manifestación , suspensión de garantías individuales y de la libertad de expresión, sobre todo a los medios de comunicación comunitarios.

En conclusión, cada vez más existen en el mundo poderes que no respetan el resultado de las elecciones. Democracias a lo Trump o a lo Rajoy, que trampean o no respetan los resultados legítimos.


Ana Surra
Diputada en el Congreso de Diputados
Esquerra Republicana