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Esquerra Republicana denuncia la violencia policial ejercida contra los manifestantes contrarios al encarcelamiento de Pedro Castillo

Esquerra Republicana denuncia la violencia policial ejercida contra los manifestantes contrarios al encarcelamiento de Pedro Castillo
Esquerra Republicana denuncia la violencia policial ejercida contra los manifestantes contrarios al encarcelamiento de Pedro Castillo

El pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció la intención de disolver el Congreso de la República, decretar el estado de emergencia y convocar nuevas elecciones. A raíz de este hecho, el Congreso decidió destituirlo por “incapacidad moral” y horas después fue detenido y sucedido por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha convocado elecciones para el año 2024.

Estos hechos han agudizado la profunda crisis que vive el país y han derivado en grandes movilizaciones por parte de la población civil que reclama, principalmente, la creación de una asamblea constituyente y la libertad del presidente Pedro Castillo. La respuesta de las autoridades peruanes a las movilizaciones ha sido el uso de la violencia policial y militar, así como graves vulneraciones de derechos humanos contra los manifestantes. Según datos de la “Defensoría del Pueblo”, hoy, las víctimas mortales ya suben a 55 personas y 1200 heridos.

Por todo esto, Esquerra Republicana:

  1. Se solidariza con el pueblo peruano y, especialmente, con todos los manifestantes víctimas de la violencia desatada por parte de las fuerzas de seguridad.

  2. Pide a las autoridades peruanas poner fin al uso de la violencia, garantizar el libre derecho de participación y expresión política y iniciar un proceso de dialogo con la oposición.

  3. Defiende la creación de una comisión independiente que investigue los hechos ocurridos el día 7 de diciembre y depure responsabilidades.

  4. Apoya la demanda de convocatoria de una asamblea constituyente en el país.

  5. Insta a la Unión Europea y al gobierno español a realizar las iniciativas pertinentes para verificar la vulneración de derechos humanos en el país y tomar aquellas medidas necesarias para exigir el cumplimiento.